Bernardino Vázquez Mazatzi

Escritor y Periodista

Los acontecimientos violentos del uno de Diciembre en el exterior del recinto legislativo de San Lázaro, en los que cientos de jóvenes agredieron a la ciudad, a la sociedad y a la policía, son clara muestra de que algunas organizaciones y líderes persiguen todo, menos un ideal, buscan otras cosas, pero no la justicia y menos tienen intereses que puedan beneficiar a la colectividad.

Esos grupos o líderes obedecen intereses oscuros de unos cuantos que de forma tradicional y constante se han beneficiado mediante la presión, el chantaje, la amenaza, la violencia y el uso de jóvenes no necesariamente inocentes o ignorantes de esos intereses, generalmente logrando de los gobiernos prebendas que les permitan, a aquellos grupúsculos, su enriquecimiento y, al gobierno, llevar la fiesta en paz.

Aquellos que atacaron a la ciudad, destruyeron comercios, robaron a transeúntes, agredieron a la policía y a la razón y lesionaron a otras personas no son luchadores sociales, no son gente con el deseo de manifestar una inconformidad o exponer un punto de vista diferente a la del poder y mucho menos son ciudadanos intentando reivindicar un derecho: son simple y llanamente delincuentes que deben tener el trato de delincuentes y ser castigados en esos términos.

Las luchas genuinas, las movilizaciones reivindicatorias, las manifestaciones que buscan cambiar las cosas para el beneficio colectivo, las acciones de resistencia que tienen como esencia el manifestar desacuerdos y proponer alternativas, deben tener todo el apoyo de las instituciones y deben tener garantizados todos sus derechos plasmados en la Constitución General de la República, en las leyes y en la razón.

Los movimientos que utilizan como argumento el planteamiento, la propuesta, el dialogo, la negociación, las posibilidades y la prudencia entre otros, debieran tener prioridad por parte del poder y debieran tener trato diferente y preferente pues tanto esos movimientos como sus líderes se desactivan y desaparecen de la escena pública al concluir la razón que les da origen.

Esos movimientos y líderes sólo buscan el arreglo a sus conflictos, una respuesta positiva, la atención del sistema y de los medios de comunicación y se satisfacen cuando logran todo o la parte que les beneficia; utilizan alguna forma de presión o de presencia como las marchas, los mítines, las manifestaciones públicas y a veces hasta el cierre de calles o carreteras cuando ven que no son atendidos o ven burlados sus intentos genuinos. Pero nada más.

Los actos, reprobables desde todos los ángulos, cometidos el uno de Diciembre por grupos de delincuentes disfrazados de luchadores sociales no pueden quedar impunes. El sistema de gobierno mexicano no debe aceptar arreglos extra legales por presiones o por intereses de los unos o los otros… no debe dejarnos con la idea de vulnerabilidad e impunidad al resto de los mexicanos.

Porque hay luchas genuinas, motivos reales que orillan a la sociedad a las movilizaciones, argumentos claros para exigir derechos, manifestaciones de apoyo o rechazo, y porque siempre habrá motivos para salir a las calles o realizar actos públicos, es necesario que no se satanicen esas muestras de un México activo con una sociedad propositiva.

La autoridad de cualquier nivel de gobierno debe impedir dar el mismo trato a las verdaderas movilizaciones reivindicatorias o que exigen y merecen una respuesta, separándolas de aquellas que sólo buscan y logran la desestabilización, la agresión, la violencia irracional y la delincuencia.